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Lozano intenta cubrirse por feo caso de cartas fianzas bamba: Autoriza a procurador para que denuncie a responsables

Reculó. Asustado seguramente por lo que se le viene, el gobernador de Lambayeque Anselmo Lozano, autorizó al Procurador Publico Regional, para que inicie las acciones legales, contra los que resulten responsables, en el escandaloso caso de las cartas fianzas falsas, presentadas por la empresa AC & A Constructora Eirl, ganadora de 3 obras publicas.

Lo curioso del caso (por decir lo menos), es que, la decisión de Lozano y sus gerentes, se conoció en el preciso momento, cuando el Consejo regional acordó, por unanimidad, exigirle al obstinado gobernador, que autorice al procurador para que denuncie a los funcionarios y/o servidores que incumplieron sus funciones, en este feo caso de las cartas fianza bamba.

¿Un Montesinos regional?

A las diez de la mañana de hoy 7OCT2020, el consejo regional había convocado a sesión ordinaria virtual, justamente, para tratar entre otros puntos, el caso de la empresa AC & A Constructora Eirl, responsable de haber presentado 3 cartas fianza bamba, como garantía de fiel cumplimiento, para recibir adelanto de 3 obras, que superan los 10 millones de soles.

Lozano, que en su cubículo esperaba nervioso e impaciente en el desenlace de la reunión, no conto, con que los consejeros tomen esa decisión, por lo que, de inmediatamente ordeno la publicación de una nota de prensa, sobre el acuerdo de la Sesión Ordinaria de Gerentes Regionales, supuestamente realizada ayer 05OCT2020, que autorizo, el inicio de acciones legales contra los responsables.

Sesión virtual del Consejo Regional de Lambayeque.

Es decir, según una fuente de Centinela, asegura que la nota de prensa que da cuenta sobre la supuesta reunión, la tenían redactada desde temprano. ¿Por qué, no la publicaron en su página oficial, antes de la sesión de consejo?, o ¿Por qué, no la enviaron a los correos de periodistas, y redacciones de los MM.CC.?

“Aquí lo que parece, es que, aparentemente un supuesto ‘montesinos regional’ dirige todo esto. Lozano no esperaba que los concejeros tomen ese acuerdo; entonces, alguien muy cercano al gobernador, le aconsejo que espere. Si no sucedía nada, no publicaban esa nota y solo era cuestión de tiempo para que el asunto se embrome en el Ministerio Publio, pero no fue así” comento la fuente.

“Muy extraño”

Para el consejero regional Manuel Huacchillo, la jugada de Lozano, solo tiene un fin: busca protegerse.

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“Esto es muy extraño. El gobernador ha esperado más de 5 días, para que tome esa decisión. La Oficina de Control Institucional (OCI), alcanzo a su despacho, todas las evidencias, tras auditar las licitaciones. ¿Por qué espero tanto tiempo?” Se preguntó el tenaz fiscalizador regional.

El pasado 3 de octubre, la fiscal, Karim Ninaquispe, de la Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de la División Policial Anticorrupción, intervino las oficinas de logística de la sede regional, para incautar documentación, referente a las licitaciones, en las que la empresa AC & A Constructora Eirl, entrego 3 cartas fianzas bamba.

Lozano se adelanto al acuerdo regional.

Sin filtros

En la sesión virtual, Manuel Huacchillo, expuso sus tesis, en la que culpa a los funcionarios responsables de las licitaciones, quienes “no procedieron con los filtros, para asegurase que las cartas fianzas eran legales”.

En este punto, es importante señalar que el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Decreto Supremo 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo 377-2019-EF (concordante con el artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo 1444) prescribe que el postor ganador de la buena pro se encuentra obligado a entregar a la entidad, una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 10% del monto del contrato, como uno de los requisitos indispensables para el perfeccionamiento del contrato.

Por su parte, será responsabilidad de la entidad, con el fin de perfeccionar el contrato, verificar (a través del funcionario competente) que la garantía entregada cumpla con los siguientes requisitos:  i) se encuentre autorizada para emitir garantías; ii) se encuentre bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; y iii) cuente con clasificación de riesgo B o superior.

En consecuencia, según la convicción del consejero Huacchillo “los funcionarios responsables no procedieron con las verificaciones que exige la ley, para asegurase que las cartas fianzas eran legales”.

Pero no nos hagamos los tontos. ¿Y si la OCI, no hubiera metido las narices en este asunto? Como dice el dicho, pasaban piola y todos felices, todos contentos.

El asunto es que, el caso ha traído cola, que llegaría hasta la gestión municipal del asustado gobernador y su gerente general.

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