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Ante las múltiples denuncias contra la gestión Gasco: ¿De qué lado está el Ministerio Público Dr. Alejandro Lamadrid?

Municipalidad Provincial de Chiclayo es una factoría de escándalos de presunta corrupción; Regidores de la mayoría servil, han prostituido su función fiscalizadora y Funcionarios contratados con serios cuestionamientos legales, dominan la gestión.

Hace poco, un diario local denunciaba, que Eleazar Torres Ybáñez, el depuesto (y repuesto), gerente general del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCh (quien no cumplía con el perfil para el cargo), fue matriculado en un curso “súper acelerado en gestión tributaria” para obtener la certificación y poder seguir al frente de la institución. 

Es decir, a este funcionario que con Resolución de Alcaldía N° 005-2021-MPCH-A, del 7ENE2021 lo despidieron un día; con otra Resolución de Alcaldía N° 200-2021, del 4MARZ2021, lo volvieron a contratar. Por orden del alcalde Marco Gasco. 

El 5FEB2021, el Órgano de Control Institucional del SATCh, se ha pronunciado sobre este caso, mediante el Informe de Orientación de oficio N° 001-2021-OCI-5510-SOO.

Ana Yesquen

Centinela, fue el primero en poner en el tapete público, el escandaloso caso de la señora Ana María Yesquen Puican, protagonista, de la más alucinante usurpación de títulos y grados universitarios; y pese a ello, goza de la más absoluta confianza del burgomaestre chiclayano.

¿Y el Ministerio Publico, porque no actúa de oficio?, pregunte al Ing. Humberto Heredia “Vaya usted a saber, que compromisos se mueven en este, y otros casos ligados a la gestión Gasco” contesto nuestro interlocutor. 

Centinela expuso también, el caso de las hermanas Erika y katia Araujo Gonzales. La primera, engreída de Gasco Arrobas y funcionario todo terreno de la gestión. Su esposo, JAMES EDWARD BARRAGÁN MARÍN (+), por igual; hasta hace poco, prestó servicios en la MPCh, y en la Beneficencia, o en el lugar que Gasco le asignaba.  

La segunda exfuncionaria del SATCh, con vínculos políticos férreos, entre los “podemistas” mucho más ahora, que su esposo Luis Díaz Bravo, es el actual gobernador (e); por cierto, investigado dentro de la organización criminal “el imperio del mal” 

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¿Y el Ministerio Publico, porque no actúa ¡carajo! ? insistí, “Si amigo, como usted -con ese mismo tono, por la misma impotencia- muchos chiclayanos decepcionados de esta gestión, probablemente se harán la misma pregunta. Hay demasiada inercia en el Ministerio Publico, respecto a los casos de presunta corrupción, en la MPCh” acusó el Ing. Heredia 

El insumo, para la denuncia sobre el caso Veolia, fue la investigación publicada en el diario El Ciclón

En la página 3, de la edición 93680 (27MAR2019), del recordado diario El Ciclón, (no el virtual de ahora), bajo el título “Anuncian despido masivo en la Municipalidad de Chiclayo” este periodista, fue el primero en denunciar públicamente, que la administración Gasco contrataría el alquiler de 10 compactadoras a la empresa Veolia Perú.  

Después de ese primer artículo, se publicaron otros más, que revelaron como los funcionarios de confianza, servidores y regidores oficiosos de Gasco, en confabulación con los pícaros de Veolia armaron la declaratoria de emergencia para favorecerse finalmente, con la Contratación directa PROC-1-2019-MPCH-1

Esa investigación fue el insumo principal, para que el Ing. Humberto Heredia Morales, presentara ante el Ministerio Publico, la primera denuncia por presunta corrupción, contra Marco Gasco y las huestes, que favorecieron a Veolia.  

El caso duerme en algún recoveco del estante de la fiscalía anticorrupción, que después de casi dos años, ante la insistencia publica del Abg. German Vásquez Merino, logro levantar de su silla a la responsable de la investigación, Karin Ninaquispe Gil, quien el 18FEB2021 (con los reflectores de algunos medios), armo un circo en la MPCh.  

Aprobaron falsa declaratoria de emergencia para favorecer a Veolia

“La finalidad de la diligencia es recabar los documentos para que se practique la pericia contable y se aporten elementos para la investigación preparatoria, que tiene un plazo de ocho meses” así se expresó la representante del Ministerio Publico, el día de la diligencia. 

Pero… ¿Dos años después? ¡No te pases! ¿Habrá incautado documentación relevante?, ¿Así actúa el Ministerio Publico, con estas sutilezas, a favor del señorito?   

A propósito; no está de más recordar, una historia paralela, sobre el topo ALCIPI. Un sujeto lambiscón de Gasco, que intento –en el diario El Ciclón-  desprestigiar la investigación, que sobre el caso Veolia, realizo este periodista. 

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En próxima entrega contare el sabotaje y agresiones que llegaron incluso a la policía.    

Esta «Nota de Redacción» fue publicada sin autorización en El Ciclón, por el tal ALCIPI, para cubrir a su jefe Gasco

En setiembre del 2019, El Ciclón destapo otro caso del petulante alcalde. La supuesta invitación que Gasco habría recibido; supuestamente para reunirse con el alcalde del Ayuntamiento de Madrid.

El Ciclón puso al descubierto, que a Gasco, nadie lo invito a España. Se fue de turismo, con viáticos pagados por todos los chiclayanos.  Regidores y funcionarios avalaron ese presunto fraude: Acuerdo Municipal N° 075-2019-MPCH/A, del 12SET2019.

¿Y el Ministerio Publico, porque no actúa de oficio?  pregunte; esta vez a un concejal de la MPCh. “Este caso es uno más, en la lista de atropellos que se han cometido en contra de los recursos municipales. La inacción del Ministerio Publico es sospechosa” contesto el regidor Johnny Piana. 

El diario El Ciclón, publico también otra investigación, sobre los secretos lazos de amistad, que unían aparentemente al alcalde Gasco, con María Gracia Pascual y Elba Ida Sánchez Bustamante. 

Si, el caso de la amiguita secreta del burgomaestre, que, para agradar a su dama, de turno (como lo hizo Beto Torres en su momento con la mamá de Katiuska), contrato a la madre de María Gracia Pascual, según Pedido de servicio N° 00633-2019.

¿Recuerdan estos alegres rostros?

El caso de la “contratación” de Elba Ida Sánchez Bustamante, supuestamente, para brindar atención a las personas con discapacidad en audición y lenguaje, registradas en la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped), de la MPCh, fue publicado en abril del año 2019. 

¿Y el Ministerio Publico? Un chiste, como la respuesta del monaguillo, que robaba las limosnas No se oye padre”

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Existen otras denuncias, que la prensa local ha difundido, como la contratación del letrado Víctor Miguel Calleja Vela, nada menos que, abogado de las empresas familiares del alcalde Gasco.

La antojadiza designación, se consumó con la Resolución de Alcaldía N° 042-2019-MPCH/A, del 8ENE2019. A de Calleja lo nombró como director de la Sociedad Beneficencia de Chiclayo, en representación de la MPCh, pese a que el abogado, tiene en su historial, una sentencia por incumplimiento de beneficios laborales, en perjuicio de una trabajadora.

Duermen además, otras denuncias por malversación y colusión; por contratar vehículos y no fiscalizadores y direccionar la contratación a una empresa. Las denuncias -suscrita por los regidores de la minoría- ingresaron en el mes de diciembre del 2020 a la fiscalía anticorrupción; sin embargo, hasta hoy esperan respuesta.

Es decir, la inacción del Ministerio Publico, es evidente, preocupante y sospechosa, como asevera el Ing. Humberto Heredia.  

Desde el inicio, Gasco Arrobas y sus serviles regidores, ha venido actuando con total impunidad y desprecio frente a la ciudadanía. La gestión Gasco, es un total fracaso, eso nadie lo duda.

Pero, lo que si se ha puesto en duda, es la veracidad del contagio covid que habría contraído el alcalde chiclayano. Esa enfermedad que saco de circulación a Gasco y lo encerró en un cuarto del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Essalud, según una fuente, el contagio y todo lo que se armo, seria falso. 

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“Según un comunicado del hospital, dicen que ya se encuentra estable. Yo dudo de esto. Si esta estable, se supone con saturación normal, no esta en UCI, ¿Por qué no le dan de alta?Preguntó un regidor, que pidió reserva en su nombre.  

Otra fuente aseguro, que el repentino “contagio covid” que alcanzo al alcalde y sorprendió a todos, sería una invención para aplazar una supuesta orden de captura, en contra del burgomaestre.

 “La duda y el vilipendio colectivo en contra del alcalde es el resultado de la farsa e incapacidad de los políticos. Se lo han ganado a pulso” acoto el Ing. Heredia. 

Volviendo a las interrogantes, sobre la recurrente inacción del Ministerio Publico; el artículo 60 del Código Procesal Penal (CPP) determina que el fiscal «actúa de oficio» ante la presencia de delitos de acción pública, en donde no se requiere la denuncia de una parte agraviada. Sin embargo, sí se requiere de resolver, de acuerdo al interés social.

Sobre la facultad y obligación de denunciar, el artículo 326, del CPP, precisa lo siguiente:

Fiscal Lamadrid

 “Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos, ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para perseguirlos sea público

Es decir, entre otras, cuando el fiscal tiene conocimiento de noticia criminal, proveniente de medios de comunicación social: radio, televisión, periódicos, redes sociales, etcétera. 

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¿Es así, o no señor Dr. Alejandro Lamadrid Ubillus, presidente de la Junta de Fiscales del distrito judicial de Lambayeque?  

A la sazón, frente a todo lo vertido aquí, vuelvo a preguntar: ¿De qué lado está el Ministerio Publico Dr. Alejandro Lamadrid?

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